Después de la inédita suspensión de la función jurisdiccional, la cual no tiene precedentes en la historia moderna de México, y que se prolongó por más de cuatro meses desde el inicio de la Emergencia Sanitaria generada por el nuevo Coronavirus SARS-CoV2 (COVID-19) y hasta el pasado 3 de agosto, el regreso de la actividad jurisdiccional se enfrenta a un reto inédito y extraordinario: Administrar Justicia en medio de la incertidumbre que implica la Pandemia de COVID-19.
Ante esta Nueva Normalidad Jurisdiccional, los tribunales federales y locales, administrativos, autónomos y de naturalezas diversas, han implementado diversas medidas preventivas y de higiene para garantizar la salud de los servidores públicos y de los usuarios de la función jurisdiccional, a la vez que desarrollan novedosos modelos de innovación tecnológica para mantener la continuidad procesal de los asuntos tanto en trámite como de nuevo ingreso.
I. ¿QUÉ HA PASADO?
Derivado de la Emergencia Sanitaria, los tribunales locales y federales, determinaron la suspensión de todas las actividades jurisdiccionales durante el periodo comprendido del 18 de marzo al 2 de agosto de 2020, como una medida urgente ante la Emergencia Sanitaria, habilitándose únicamente ciertas actividades consideradas como urgentes y por vía electrónica.
Lo anterior, generó adversas consecuencias:
II. ¿QUÉ HA CAMBIADO?
La duración imprevista de la Emergencia Sanitaria y la falta de visibilidad respecto de su terminación, hizo necesario el restablecimiento adelantado de la actividad jurisdiccional, la reactivación de los plazos procesales y la tramitación presencial de algunas promociones como demandas, incidentes y recursos.
Así, en el contexto de la Nueva Normalidad Jurisdiccional que inició el lunes 3 de agosto de 2020, se han adoptado las siguientes medidas:
a) Medidas para retomar la Actividad Jurisdiccional:
b) Medidas dirigidas a los Justiciables:
c) Medidas adoptadas para proteger a Grupos Vulnerables:
III. ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR A FUTURO?
La Emergencia Sanitaria ha replanteado el esquema tradicional de administrar justicia en México, priorizando el uso de tecnologías e implementando medidas sanitarias, con la finalidad de que su impartición evolucione y se adapte a un esquema que privilegie el uso de plataformas de acceso remoto para mantener la continuidad en la sustanciación de los diversos procedimientos jurisdiccionales y evitar caer en su eternización o extremo retraso.
Vemos con agrado los esfuerzos que en este sentido han realizado y continúan realizando tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Cosejo de la Judicatura Federal. Igualmente, el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX ha implementado medidas para agilizar la presentación de promociones, aunque los retos continúan siendo ejemplares y los casos de dilación en toda la secuencia procesal se siguen observando cotidianamente. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa también se encuentra en proceso de implementar medidas para fortalecer los juicios en línea y el uso de plataformas de acceso remoto. Un caso de éxito que merece una mención especial ha sido la implementación de la FIREL, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, la cual le otorga el acceso al solicitante a una plataforma ampliada de servicios jurisdiccionales, en específico permite la consulta del expediente electrónico (no todos los expedientes están en este formato), y la presentación de promociones y notificaciones de forma segura mediante el otorgamiento de sellos digitales que generan constancias indubitables de su realización, para todos los efectos procesales a que haya lugar.
La Nueva Normalidad Jurisdiccional debe entenderse como un reto y una oportunidad, al igual que cada uno de los desafíos que se han presentado con la Emergencia Sanitaria. La forma de administrar justicia en el país requiere de una respuesta inmediata y contundente, el derecho humano consistente en el acceso a una justicia pronta y expedita es pilar fundamental del Estado de Derecho en México y una condición ineludible en cualquier sociedad democrática.
En este reto debemos caminar juntos y aportar lo que en nuestra parte corresponde, tanto los miembros de los distintos poderes y órganos jurisdiccionales federales y locales, como los litigantes y los usuarios de los servicios de administración de justicia.
Para mayor información, favor de contactar a:
Rafael Sámano en: rsamano@samanosc.com.mx
César Chávez en: cchavez@samanosc.com.mx
Alejandro Figueroa en:afigueroa@samanosc.com.mx